Víctimas por la Paz, espacio integrado por personas que han sufrido las consecuencias de hechos de violencia de distinta magnitud, quiere fijar su posición sobre la reforma de la ley 24.660 de ejecución penal.
Sostenemos que:
– la reforma coarta el derecho de las personas que están listas para volver a transitar los caminos de la vida extramuros. La libertad, dentro de los parámetros de la ley, es un derecho. Y en tanto la persona se ajuste a estos parámetros, tiene derecho a salidas transitorias y a condicionales. No estamos a favor de «soltar a cualquiera»; estamos en contra de dejar en la cárcel a quienes tengan derecho a regímenes de salida. Y estamos en contra también de que se fijen estándares de calificación tan altos que convierta en imposible lograr una transitoria o una condicional.
– la reforma no aporta nada a la pacificación social, más bien contribuye a generar malestar en la población carcelaria. Las personas privadas de la libertad no están en la cárcel como una venganza a su comportamiento, están allí con el objeto de cumplir una condena y rehabilitarse para poder retornar a vivir en sociedad. Quitarles posibilidades legales y reales de libertad es deshumanizarlos, convertirlos en objeto de injusticia.
– la reforma no contribuye a la baja de la reincidencia. Creemos que el camino para lograr su disminución necesita de profundas mejoras en la calidad del servicio penitenciario, para que pueda cumplir su rol de preparar a las personas para la reinserción en la sociedad y no sea meramente un lugar de castigo.
Por todo esto es que NOS OPONEMOS A LA REFORMA.
La pacificación social es la alternativa. Es un trabajo arduo pero que, dentro de nuestros ámbitos, hemos visto que da buenos resultados. No se trata de dejar pasar «cualquier cosa», se trata de buscar otra respuesta, de buscar otro camino al habitual. Los caminos que hemos transitado hasta ahora no han conducido a la paz.